El Presidente ha enviado al Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el objetivo es reformular y unificar los sistemas de protección. Aún así el proyecto ya causa algunas polémicas.
A las 16.00 de ayer ingresó al Senado el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una institución inédita que reemplazará aConaf. De paso, el texto de la iniciativa zanjó una pugna entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el de Medio Ambiente sobre la administración de la nueva institución: tal como había planteado el Parlamento en 2009, será la cartera liderada por María Ignacia Benítez la encargada de éste.
La iniciativa, cuyo envío al Parlamento fue anunciado en Lago Ranco en la mañana, por el Presidente Sebastián Piñera, transfiere toda la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, hasta ahora en manos de Conaf, al nuevo servicio.
Según Benítez, “el diagnóstico que había de la gestión de las áreas protegidas y de la biodiversidad en nuestro país era bastante débil, en el sentido de que tenía muy poco éxito como gestión”.
Por eso, a diferencia de lo que existe hoy, la creación del SBAP separa el rol de fomento forestal del de conservación y protección. Lo que es importante definir, explica la secretaria de Estado, son “los criterios técnicos y eficientes, tanto en el servicio de biodiversidad como en el Sistema de Estudio de Impacto Ambiental(Seia), de forma que no sea un obstáculo al desarrollo y que sea compatible con el cuidado del medioambiente”.
Avances y críticas
Otra diferencia del servicio es que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronunciará sobre la creación de nuevas áreas protegidas, a partir de una serie de criterios.
Para la directora de Terram, Flavia Liberona, un problema es que la modificación del estatus de áreas protegidas “no estipula el tiempo que un área debe estar bajo protección”. Según asegura, “en el caso de los parques nacionales, contraviene la Convención de Washington, que dice que la desafectación de un parque tiene que ser consultada al Parlamento y, en este caso, se puede hacer por un decreto”.
La norma también crea un sistema único de concesiones y un directorio que establece cuándo un área se entrega en esta modalidad, pero no especifica el tipo de concesión que se puede establecer.
El texto tampoco define cuáles son las actividades económicas compatibles con las áreas protegidas. Sobre este punto, el futuro servicio deberá definir para cada área protegida un plan de manejo según sus objetivos y, en función de eso, deberá autorizar qué tipo de actividades se pueden desarrollar. Es decir, será una decisión administrativa y no se hará por ley.
Paralelamente, se envió la ley que crea el Servicio Forestal, cuya función principal será el fomento forestal, separada de la protección.
Esta separación provocó un fuerte rechazo de los trabajadores de Conaf: en un comunicado, dijeron que el problema de gestión de las áreas protegidas reside “en los exiguos recursos que el Estado destina a la gestión de esta importante área de políticas públicas”.
Fuente: rseprohumanablog.cl
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